Ficha Limpia: obtuvo media sanción el proyecto que le impediría a CFK ser candidata

Con una mayoría absoluta de 144 votos, Diputados aprobó este miércoles 12 de febrero de 2025 y giró al Senado el proyecto que activa la Ficha Limpia, que modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública -entre otros-, como es el caso de Cristina Kirchner. El texto ahora pasó al Senado, donde el Frente de Todos tiene la primera minoría y promete bloquear la ley o, en todo caso, enterrarla para que nunca llegue al recinto.
Aún así, el oficialismo y sus aliados celebraron el triunfo sobre el Unión por la Patria que, al unísono, denunció que el Gobierno pretende proscribir una eventual candidatura de Cristina Kirchner.
Luego de dos intentos fallidos, la Cámara baja logró aprobar el proyecto con 144 votos positivos del oficialismo, Pro, UCR, Democracia para Siempre, un sector de Encuentro Federal e Innovación Federal.
Se opusieron 98 diputados, en su mayoría pertenecientes a Unión por la Patria y La Izquierda. Hubo dos abstenciones, entre los que se contaron Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, y su colega Nicolás Massot, ambos convencidos de que solo una sentencia firme de la Corte Suprema podría impedir a una persona postularse como candidata.
El nervio central de la ley apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.
La iniciativa en debate lleva la rúbrica del presidente Javier Milei aunque, en rigor, la autoría no le corresponde. De hecho, en noviembre pasado el oficialismo boicoteó el intento de los bloques de Pro, de la UCR y de otros bloques opositores para darle media sanción a un dictamen consensuado ante el riesgo de que el peronismo -contrario al proyecto- frustrara la reelección del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Ante las sospechas de un pacto entre libertarios y kirchneristas –y el impacto que esto le produjo en la imagen pública del Gobierno-, el presidente Milei buscó lavar culpas y envió el mes pasado un proyecto propio para que se lo discutiera en sesiones extraordinarias.
“Agradecemos al presidente Milei por sus ideas y convicciones para que hoy estemos tratando la ficha limpia”, alardeó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. “Es un orgullo tener un presidente que no se está desdiciendo de lo que prometió en la campaña y que está implícito en este proyecto de ficha limpia: no más corrupción en la Argentina”, exclamó.
Los críticos del oficialismo no se la dejaron pasar. “Hemos visto que este proyecto no es prioridad para este gobierno: lo demostró el año pasado cuando no dio quorum. Hoy, receso mediante, cinco funcionarios de alta jerarquía echados y hasta una pelea con (Domingo) Cavallo después, aparece la firma del Presidente en el proyecto y de repente interesa el tema. Milagro de las fuerzas del cielo que interese Ficha Limpia”, replicó, en tono de chicana, el cordobés Oscar Agost Carreño.
Más allá de los pases de factura, la oposición logró que el oficialismo cediera a algunas modificaciones al dictamen. La principal apuntó a la cláusula temporal que había impuesto el Gobierno para la aplicar la prohibición que impone la ficha limpia: en el proyecto original se establecía que no podían candidatearse aquellos postulantes que hayan recibido la segunda condena antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios, una fecha que los opositores consideraban arbitraria.
Es así como se decidió supeditar la fecha al cronograma electoral y, puntualmente, al plazo que dispone el Código Nacional Electoral para el cierre del padrón provisorio: el artículo 25 lo fija en 180 días antes de la fecha de la elección general. Este año será el 29 de abril próximo. Esto significa que, de aprobarse la ley, no podrán postularse quienes hayan recibido una segunda condena antes de ese día.
De convertirse en ley el proyecto, Cristina Kirchner no podría competir como candidata: la expresidenta recibió su segunda condena por la causa Vialidad el 13 de noviembre pasado. De allí el rechazo del peronismo al proyecto; pese a sus diferencias internas, en la Cámara de Diputados las distintas corrientes se abroquelaron en defensa de la líder de su espacio y acusaron al Gobierno de pretender proscribirla. Con el mismo argumento en el Senado, donde Unión por la Patria ostenta la primera minoría, bloqueará su tratamiento.
“Claramente esta ley pretende dejar afuera a Cristina Kirchner. Quienes la van a votar son profundamente antiperonistas, y su jefe es Javier Milei”, asestó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
“No se puede restringir un derecho fundamental que es el de elegir y de ser elegido, emanado de la soberanía popular –enfatizó la diputada kirchnerista Vanesa Siley-. Aquí se pretende avanzar en una ley que solo en apariencia legal pero en los hechos busca limitar la voluntad popular de elegir a Cristina Kirchner”.
Le respondió Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal. “El derecho a ser elegido no es ilimitado; la propia Constitución Nacional impone limitaciones. Lo que se trata aquí es de incorporar un requisito más de elegibilidad”, aclaró. “No estamos cercenando el derecho de una persona que recibió una doble condena por corrupción de seguir recurriendo su sentencia hasta la última instancia; lo que se propone es que, mientras esté pendiente el proceso, no puede ser candidato. Una cosa tan simple pero tan obvia”.
Pichetto, el jefe de aquella bancada, se desmarcó de sus pares y planteó sus reparos. Advirtió que esta iniciativa le otorga a la Justicia “atribuciones cada vez mayores” a la hora de definir quiénes podrían competir como candidatos, cuando el artículo 66 de la Constitución Nacional le confiere al Congreso potestades para prohibir el ingreso o bien expulsar a aquellos legisladores que hayan cometido delitos o por inhabilidad moral.
“La experiencia brasileña es demoledora: en 2010 se votó allí la ficha limpia con el aval de Lula Da Silva y, pocos años después, el juez Sergio Moro, que no era juez competente, le impide ser candidato con una segunda condena”, reseñó.
Con este mismo argumento, que expuso la diputada Mónica Litza, el PJ exaltó el principio de inocencia y que solo una sentencia firme de la Corte Suprema (es decir, cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales) podría cercenar el derecho de una persona a ser elegida. Una posición que el resto de la oposición rebatió con críticas a la corrupción kirchnerista.
Silvia Lospennato (Pro), una de las impulsoras originales del proyecto, enfatizó que “la ficha limpia es mucho más que una ley anticorrupción” y enumeró los escándalos políticos que atravesaron a dirigentes cercanos a Cristina Kirchner.
“Yo hubiera querido que haya ficha limpia hace diez años, hace diez años la expresidenta no estaba condenada ni en primera instancia”, recordó a manera de réplica a quienes cuestionan que el proyecto “proscribe” a Cristina Kirchner.
La acompañó la diputada María Eugenia Vidal. “Impunidad sí o impunidad no, eso es lo que estamos discutiendo. Para nosotros la respuesta siempre fue la misma. Es increíble que una persona con dos condenas pueda ser candidato y que se fuercen argumentos para que eso pase. El que avala es cómplice”, asestó.
“Estamos rascando el fondo de la olla de la corrupción y de la degradación institucional de la Argentina”, enfatizó, por su parte, la radical Karina Banfi, quien exaltó que “cuatro de cada cinco ciudadanos quieren Ficha Limpia”.
El radicalismo crítico, aglutinado en Democracia Federal, avaló la iniciativa aunque insistieron en que contemple un abanico más amplio de delitos, no solo los de corrupción. “El oficialismo y sus nóveles aliados no terminan de explicar, de manera seria, sólida y consistente, por qué razón un narcotraficante puede ser candidato”, advirtió Fernando Carabajal.
La misma posición abrazó la Coalición Cívica. “Esta ficha limpia que vamos a sancionar es un pasito que apoyamos. Pero vamos a tener que revisarla porque va a haber condenados por otro tipo de delitos, no de corrupción, con condenas firmes o no firmes que nos va a agraviar que sean legisladores”, advirtió Juan Manuel López.