Crisis en el Polo Químico – Trabajo impuso a Petroquímica retroceder con los despidos

La Secretaria de Trabajo de la Provincia de Córdoba declaró ineficaces los despidos y dispensas efectuados al personal de Petroquímica Río Tercero e intimó a la empresa a retroceder con esa decisión.
Es la segunda intimación de este tipo que Trabajo le hace a la industria del polo químico de Río Tercero. La primera la dictó el 15 de octubre pasado y no fue acatada por Petroquímica.
Nada indica que lo haga en esta oportunidad, más cuando este mismo lunes volvió a ratificar los despidos.

Todo viene de cuando hace dos semanas Petroquímica Río Tercero resolvió desvincular a 125 operarios de los 375 que emplea en esta ciudad -un tercio de su plantel-, decisión que derivó en un conflicto laboral.

Esos despidos guardan relación con la decisión de Petroquímica de cerrar su planta de TDI, su principal unidad de producción, argumentando problemas de competitividad frente al mismo producto que ingresa desde mercados asiáticos.

Al mismo tiempo que este lunes 28 de octubre Petroquímica ratificó esos despidos, la cartera laboral de la Provincia determinó que la compañía omitió cumplir trámites obligatorios para realizar esos despidos y dispensas, enmarcados en el procedimiento preventivo de crisis de empresa regulado por la Ley 24.013.
Dispensa se le llama a la condición que queda un trabajador cuando no se le permite ingresar a su puesto de trabajo y se le abona el 100 por ciento de su salario.

La resolución de la Secretaría de Trabajo dijo que esos pasos no se pueden omitir cuando «las empresas invocan razones de naturaleza económica, fuerza mayor, innovación tecnológica y/o reestructuración empresarial con el objeto de suspender, despedir o reducir jornadas».

La decisión de la Cartera Laboral impone a la empresa «la obligación de retractar los despidos y suspensiones producidas por la empleadora en el marco de la decisión de levantar la producción del Diisocianato de Tolueno (TDI)».

«Petroquímica Río Tercero SA debe reestablecer la actividad con su personal, del mismo modo que tiene la obligación de abonar los salarios caídos de los dependientes comprendidos en las medidas que asciende a un aproximado de trescientos cincuenta trabajadores, convencionados y fuera de convenio», dice la resolución de Trabajo.

El personal de la planta química riotercerense está representado por el Sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica de Río Tercero que viene participando activamente en el conflicto.
El dictamen de Trabajo llega luego de que la empresa produjera 125 despidos y suspendiera a la totalidad del personal a partir del pasado 9 de octubre, cuando comenzaron a enviarse primero dispensas y luego las desvinculaciones.
La cartera que conduce Omar Sereno argumentó que los despidos y dispensas se produjeron cuando estaba vigente un acuerdo de suspensiones por una parada técnica motivada por el recambio de un transformador.
Ese acuerdo fue firmado entre Petroquímica y el Sindicato Químico con vigencia desde el 30 de septiembre hasta el 13 de octubre y homologado por la cartera Laboral.
Desde Trabajo se había explicado que Petroquímica no argumentó una situación de crisis para producir despidos, por eso se considera que se hicieron sin seguir el procedimiento correspondiente.
Ante esto, la titular de la Delegación Río Tercero de la Autoridad Administrativa Laboral, Romina Carezzano, tomó intervención e intimó días atrás a la empresa a retrotraer las medidas bajo el apercibimiento de declararlas nulas e ineficaces, lo que se dictaminó este lunes. Trabajo había exigido a Petroquímica dejar ingresar al personal, lo que debió haber cumplido a partir del pasado viernes 18 de octubre.
«Ante la falta de acatamiento por parte Petroquímica Río Tercero SA de las intimaciones referidas, la Secretaria de Trabajo dictó el instrumento que declaró la nulidad de los despidos y de las suspensiones», dice el dictamen de la cartera laboral.
La falta de acatamiento por parte de Petroquímica provocó «un profundo malestar en las máximas autoridades de la Cartera de Trabajo», dijeron allegados a esa secretaría.
«En dicho organismo consideran que se trata de una conducta errática y de mala fe negocial por parte de la patronal, de marcado desinterés en el cumplimiento del marco legal aplicable», se expresó.