Un riotercerense estuvo detenido por supuestas amenazas al Gobierno nacional: qué contó su abogada, Lía Villafañe
Un riotercerense de barrio Monte Grande fue detenido en la jornada de este lunes 10 de agosto de 2026 por efectivos de la Polícía Federal Argentina (PFA), en un procedimiento que llamó la atención por la presencia de esa fuerza en la ciudad.
Este mismo lunes, el joven, cuya edad ronda los 30 años, fue liberado a partir de la intervención de su abogada riotercerense Lía Villafañe.
Durante el operativo, los efectivos de la PFA apenas le hicieron una mención a este joven y a su familia sobre su detención: le dijeron, según pudo conocer este Diario, que era por insultos y amenazas al Gobierno nacional.
En ese marco, Diario Río Tercero habló con Lía Villafañe sobre este tema que generó intriga en la ciudad. La abogada pidió «prudencia y respeto» y remarcó que la causa por una supuesta publicación en redes sociales continúa abierta.
La letrada explicó que en el operativo participaron efectivos federales provenientes de Buenos Aires, del área de Delitos Institucionales, junto con personal de Villa María. Durante el procedimiento se realizó un allanamiento, se secuestró el teléfono celular del joven y se lo trasladó a una dependencia policial de Villa María para continuar con las actuaciones correspondientes.
Villafañe indicó que no brindará detalles sobre el contenido de la publicación investigada porque “existen actuaciones que todavía se encuentran bajo reserva y corresponde respetar el trámite judicial”.
No obstante, remarcó que “la liberación del joven demuestra que, al menos por el momento, no se consideró necesaria una medida de coerción más gravosa ni la existencia de un riesgo procesal que justificara mantenerlo detenido”.
También se refirió a filmaciones y fotografías tomadas durante el procedimiento. Aclaró que, de acuerdo con la información recibida, esas imágenes no fueron difundidas públicamente y habrían sido obtenidas para uso interno de la fuerza interviniente.
“Mi preocupación como abogada no es impedir una investigación, sino que toda actuación estatal se realice con proporcionalidad y respeto por las garantías constitucionales”, expresó.
Respecto del uso de redes sociales, Villafañe señaló que el joven sostuvo tener “muy escasa actividad” y que habitualmente las utiliza de manera limitada, principalmente para consultar información deportiva. Esa circunstancia, agregó, “deberá ser verificada técnicamente dentro de la investigación”.
Consultada sobre los pasos siguientes, explicó que la fiscalía continuará con el análisis de la evidencia digital y de la información que pueda surgir del teléfono secuestrado. “La causa no está cerrada. Ahora comienza una etapa de investigación en la que deberán prevalecer la prueba, el debido proceso y las garantías constitucionales”, afirmó.
Finalmente, la abogada sostuvo que “el Estado tiene derecho y obligación de investigar posibles delitos, pero esa investigación debe realizarse con profesionalismo, proporcionalidad y respeto por las garantías constitucionales”. Y concluyó: “Nadie puede ser considerado culpable antes de que la Justicia lo determine, mayormente en este marco Institucional donde es muy fino el límite que separa la libertad de expresión de una supuesta amenaza”.