Parálisis en el Poder Judicial: el Colegio de Abogados local llamó al estado provincial y al gremio de los judiciales a resolver el conflicto

Foto: autoridades del Colegio de Abogados de Río Tercero. Cristóbal Tejerina, tesorero; María Susana Bossa, presidenta y Lourdes Bardellino, secretaria

En el marco de una prolongada crisis por un conflicto salarial que sobrelleva el Poder Judicial de Córdoba, que tiene origen a finales de 2025, el Colegio de Abogados de Río Tercero denunció una parálisis del servicio, con un «grave impacto en los ciudadanos», y falencias de estructura en el edificio de Tribunales y falta de personal.

Lo hizo durante una conferencia de prensa que brindaron sus autoridades en su sede ubicada frente al edificio de Tribunales, en la jornada de este jueves 2 de julio.
Esta parálisis que tiene el sistema judicial viene generando múltiples inconvenientes en los ciudadanos y una gran preocupación de los abogados que sostienen que están perdiendo confianza y credibilidad de entre sus clientes, quienes se quedan de trámites que no avanzan.

Sin una salida a la vista, el gremio de los empleados judiciales, que rechazó recientemente una oferta salarial, ha anunciado una serie de paros que agravarán aún más esta situación.
El pedido de una rápida normalización de las funciones del sistema judicial cordobés que relizó el Colegio de Abogados de Río Tercero es coincidente con un reclamos que viene llevando adelante también la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (FeCACor).

La conferencia de prensa la brindaron la presidenta de la institución, María Susana Bossa; la secretaría, Lourdes Badellino y el tesorero, Cristóbal Tejerina.
Allí expresaron su preocupación ante la persistente degradación en la prestación del servicio de justicia. «El conflicto gremial y salarial vigente ha provocado demoras insostenibles que vulneran de manera directa los derechos fundamentales de toda la sociedad», expresaron luego en un comunicado de prensa.

«Sumado a ello las designaciones pendientes de magistrados pone en crisis también la administración de justicia. Se advierte que la justicia no es un privilegio para la ciudad de Córdoba, sino un servicio público esencial para toda la provincia», remarcaron.
Y explicaron: «Cada día de retraso en los tribunales se traduce en consecuencias críticas para los ciudadanos, por ejemplo en alimentos: demoras en la fijación de cuotas alimentarias urgentes para menores de edad. Laboral: retraso en el cobro de indemnizaciones legítimas de trabajadores despedidos. Lo mismo sucede en otros fueros que afectan la seguridad jurídica por la paralización de trámites en sede penal, civil, comercial y distintas resoluciones básicas para la vida cotidiana de las personas».
«Por este motivo se da público conocimiento y se insta a los poderes del Estado y a los sectores en conflicto a encontrar canales de diálogo inmediatos para normalizar el servicio. Resulta imperioso garantizar un sistema judicial accesible, ágil y eficiente que devuelva la previsibilidad a la comunidad y resguarde la paz social», finalizó el comunicado del Colegio de Abogados de Río Tercero.