Muertes de bebés en el Neonatal – Perpetua para Brenda Agüero: las demás condenas y absoluciones

Foto: La Voz

Fte: La Voz e Infobae – Brenda Agüero, la enfermera detenida desde agosto de 2022, fue encontrada culpable por mayoría por las cinco muertes y los otros ocho ataques a bebés en el hospital Materno Neonatal entre marzo y junio de 2022 y fue condenada a la única pena posible para este delito: prisión perpetua.

Brenda Agüero se convirtió, de este modo, en la primera asesina en serie condenada por la Justicia de Córdoba en su historia penal.
La resolución llegó tras casi 10 horas de debate de los jurados populares y dos vocales técnicos de la Cámara Séptima del Crimen: José Daniel Cesano y Laura Huberman.

El veredicto dejó también como dato saliente la absolución del exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, también por mayoría. Cardozo había llegado a juicio acusado de encubrimiento. La propia acusación del fiscal de Cámara había solicitado una pena mitigada, de ejecución condicional.
En cambio, fue condenado, con fallo dividido el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, el único funcionario ministerial que recibió una pena. Carvajal fue sentenciado a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación, sin pérdida de la libertad y bajo caución. Se lo responsabilizó por encubrimiento y omisión de denunciar.

También por mayoría fue condenada la exdirectora del hospital Liliana Asís, quien recuperará la libertad bajo caución de 35 millones de pesos y otros compromisos. La condena fue a cinco años de prisión y cuatro años de inhabilitación. Asís llegó al juicio en calidad de detenida en prisión domiciliaria.
La misma pena se decidió por mayoría para Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología del hospital: cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para cargos públicos. Puede mantener la libertad bajo caución de 35 millones de pesos, con reglas de fijar domicilio, no salir del país y asistir a toda citación judicial, como el resto de los condenados por responsabilidades funcionales.

También se condenó a Adriana Moralez, quien era la encargada del Comité de Seguridad del Paciente del hospital, por mayoría a cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación, manteniendo su libertad, con las mismas condiciones que sus compañeros de causa.
Para el ex subdirector administrativo del hospital, Alejandro Escudero Salama, corrió igual criterio de cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación. Puede mantener la libertad, con los compromisos establecidos para todo el grupo.

El veredicto dejó cuatro absoluciones por unanimidad: para la ex jefa de Enfermería, Alicia Ariza; para la médica María Alejandra Luján; y para la exjefa de Tocoginecología, Claudia Ringelheim; y para el exsecretario de Coordinación ministerial, Alejandro Gauto.
Salvo estas decisiones absolutorias, todas las condenas y la absolución de Cardozo salieron con fallos divididos del tribunal mixto entre jueces legos y jueces técnicos. Este aspecto, en el caso de los condenados, es un precedente que se buscaría hacer valer en las casi seguras acciones de casación de la sentencia.
La relación de cuántos votos a favor y cuántos en contra para cada condena o absolución por mayoría recién se conocerá el 23 de julio, cuando se publiquen los fundamentos de esta sentencia y se asiente en cada caso la adhesión que tuvieron las posturas que terminaron siendo resolutivas.
PEDIDOS DEL TRIBUNAL
La Cámara indicó que se libre oficio al Ministerio Público Fiscal para que se investiguen los dichos de la testigo médica Marcela Quaglia, quien declaró que el 7 de junio no quisieron tomarle la denuncia en la Unidad Judicial 18, ubicada junto al hospital.
A su vez, se pidió que se investiguen las declaraciones de la funcionaria del área de Legales Mariana Figueroa y el ex secreario de Salud Pablo Carvajal quienes dijeron que no se presentó la denuncia porque estaba articulada con un fiscal.
A su vez, el tribunal recomendó al Poder Ejecutivo “que optimice la selección del personal teniendo en cuenta el perfil psicológico de los postulantes”.
También se pidió que se ponga en marcha de manera inmediata un programa de asistencia integral para los niños sobrevivientes.
Y se ordenó remitir al tribunal de disciplina del Colegio de Abogados una queja por el comportamiento del letrado Claudio Orosz al emitir sus conclusiones con palabras que el tribunal consideró ofensivas.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El veredicto les reconoció indemnizaciones materiales a las familias de los 13 niños fallecidos o atacados en la serie que llegó a juicio en esta investigación. En un artículo especial de la sentencia se enmarcó lo ocurrido entre marzo y junio de 2022 en el hospital como actos de violencia institucional.
Al considerarse que todos los casos correspondieron a una serie criminal hubo condenas civiles contra Brenda Agüero y la Provincia en los 13 eventos, tanto los que terminaron con fallecimientos como los que no tuvieron ese desenlace.
En cambio, se rechazaron todas las demandas civiles contra los exfuncionarios y exdirectivos del hospital, quienes no responderán con sus patrimonios por los distintos daños a las víctimas.
La lectura se inició a las 19.50 y comenzó con los agradecimientos de la presidenta del juicio, Patricia Soria, a todos los que participaron e hicieron posible “sin contratiempos y cumpliendo los tiempos previstos” este largo debate. En particular, agradeció a los jurados populares por el compromiso y la dedicación, en un momento en que la jueza se emocionó.
El juicio se inició el 6 de enero y llegó a su etapa final tras 57 días de audiencias, en las que pasaron 99 testigos y declararon las madres y familiares de los bebés fallecidos o con descompensaciones inexplicables y también los 11 imputados por distintos delitos.
EL CASO
Los ataques seriales se desarrollaron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022. Sin embargo, la cadena de tragedias se denunció ante la Justicia recién un mes después de los últimos fallecimientos. Lo hizo el ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica de guardia, quien decidió presentarse en los tribunales luego de escuchar de su pareja todo lo que estaba pasando.
En el primer día de la cronología hubo dos ataques: V.U.M., una sobreviviente, y Francisco Calderón Cáceres, que murió 11 horas después de su nacimiento.
Aunque a él no le hicieron autopsia, los estudios de laboratorio que le practicaron mientras intentaron salvarle la vida detectaron que tenía niveles algo elevados de potasio en sangre. También encontraron una mancha de sangre en su ropa. Son dos datos que por entonces, en medio del dolor de su familia, no decían mucho. Cobraron relevancia meses después, cuando las muertes y descompensaciones científicamente inexplicables no dejaban de suceder.
Entre los 13 casos que se analizaron en juicio -solo las últimas dos víctimas fatales tuvieron autopsia- hubo varios con uno o más pinchazos sobre su piel, en zonas del cuerpo donde no se realizan inoculaciones. Varios tenían niveles de potasio y/o insulina en sangre incompatibles con la vida, y solo explicables por una inoculación externa. Es decir, no hay manera posible de que el cuerpo haya “fabricado” ese exceso.
Tal como anticipó Infobae al comenzar el juicio, los fiscales sostuvieron que Brenda Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los bebés para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeros para que la “ascendieran” de Obstetricia a Neonatología.
El sector donde se desempeñaba no es un dato menor: Agüero tenía asignado el cuidado de las madres y no le correspondía estar en contacto con los bebés. Según se corroboró, ella es la única persona que estuvo presente en todos los episodios.
Además, tenía una “proximidad exclusiva” con las madres y sus hijos. En muchos momentos quedaba sola con ambos, o incluso cara a cara con los bebés mientras las mujeres pasaban por un período de recuperación post-parto, algo que no ocurría con el resto de los profesionales, que suelen intervenir en grupo.
Según determinó el fiscal Raúl Garzón en su investigación, la enfermera obtenía dosis de potasio e insulina de los “carros de paro”, que prácticamente no tenían control de inventario. Inyectaba a los recién nacidos de forma errática, en lugares aleatorios, algo que la acusación encontró compatible con un acto ilícito que se cometía a escondidas y fugazmente.
El 6 de junio recayeron cuatro bebés en cuestión de horas. Los médicos que declararon en el juicio llegaron a un consenso unánime: ninguno vio más de una descompensación o muerte súbita en recién nacidos en un mismo día. Mucho menos cuatro episodios casi en paralelo.
Ese día la situación en el hospital estalló, y le dieron licencia a decenas de médicos y enfermeros, entre ellos Brenda Agüero. Las muertes de Melody Luz Molina y Angeline Rojas se denunciaron por separado, de forma aislada a todos los acontecimientos. Sus autopsias fueron determinantes para llegar a la verdad.
Una vez que se abrió la causa completa, el fiscal Garzón determinó que correspondía extender la cadena de responsabilidades desde la enfermera hasta el entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo.