Imputaron a un riotercerense y a dos personas de Rosario por estafas por 420.000 dólares

Foto: fiscal Paula Bruera

La fiscal de instrucción de segunda nominación y primer turno de los Tribunales de Río Tercero, Paula Bruera, imputó a tres personas en una causa por estafas por unos 420.000 dólares.
Los imputados son un riotercerense, de 49 años, y dos personas mayores de la ciudad de Rosario, un hombre y una mujer que son matrimonio. SIGUE ABAJO

Los tres fueron denunciados por asociación ilícita para cometer estafas por el abogado local Carlos Ríos a mediados de este mes de diciembre de 2023.
La imputación del riotercerense A.S. y de los rosarinos A.G y R.M. se decidió luego de una minuciosa investigación llevada a cabo por personal de la División de Investigaciones Operativas de la Policía Judicial y de personal de la División Investigaciones de la Departamental Tercero Arriba, que incluyó en la jornada de ayer jueves 28 de diciembre numerosos allanamientos tanto en Río Tercero como en la provincia de Santa Fe donde se secuestraron elementos relacionados a la causa. SIGUE ABAJO

LOS HECHOS
Ríos representa a 14 damnificados riotercerenses, los cuales fueron estafados en unos 420.000 dólares, aunque el abogado estima que las víctimas de esta supuesta organización delictiva pueden haber sido muchas más y la suma captada por los denunciados mucho mayor aún. SIGUE ABAJO

Ríos denunció a estas tres personas por estafar al menos a 14 personas por unos 420.000 dólares a través del conocido como esquema Ponzi.
Luego de una minuciosa investigación llevada a cabo por la fiscal Bruera y personal de la División de Investigaciones Operativas de la Policía Judicial, se decidió la imputación del riotercerense AS y de los rosarinos A.G y R.M. SIGUE ABAJO

La fiscalía no dio a conocer los nombres de los imputados y las iniciales figuran en un escrito elaborado por el abogado Ríos, quien se constituyó en querellante en la causa. SIGUE ABAJO

»Los delitos denunciados forman parte de un plan criminal establecido entre los imputados, mediante el cual se asociaron con el objeto de cometer delitos indeterminados contra el patrimonio en esta ciudad y zona; más específicamente estafas, mediante un sistema de captación piramidal de ahorros de particulares, conocido como sistema Ponzi, en homenaje al tristemente célebre personaje que llevó a cabo una defraudación masiva, provocando un colapso en el sistema financiero internacional», expuso Ríos en su denuncia. SIGUE ABAJO

Luego de presentar su denuncia, el abogado explicó cómo operaban las tres personas a las que acusó. »La maniobra de los denunciados consistía en montar una escena para demostrar solvencia patrimonial, idoneidad y capacidad profesional para infundir confianza y seguridad en ahorristas».
Sostuvo que así captaban ahorros de personas a las que les decían que su dinero iba a ser destinado a inversiones rentables, con la promesa de pago de un conveniente interés, aunque de antemano sabían que el capital jamás sería devuelto.
El riotercerense A.S., »una persona conocida en esta ciudad» -acotó Ríos-, se presentaba como jefe de ventas de una empresa rosarina, dedicada a la provisión de artículos de librería. Esa empresa, con página en internet y ofertas de productos en una tienda online, prometía interesantes inversiones y ganancias en ese rubro.
A. S. era la persona que se encargaba de reclutar a los inversionistas riotercerenses y concertar las entrevistas con A.G. para la concreción del negocio.
La denuncia dice que todas las operaciones se hacían en un hotel de Almafuerte ubicado sobre una ruta provincial, donde como parte de la puesta en escena A.G. desplegaba todo un arsenal de recursos seductores para despertar empatía y confianza en las personas que, con la falsa creencia de estar invirtiendo sus ahorros, en realidad los entregaban para ser despojados de los mismos.
A.G. decía ser experto en finanzas por haber trabajado muchos años en un banco y estar dedicado en la actualidad al negocio mayorista de librería. Explicaba que, a través de sus contactos, el dinero servía para financiar importaciones en un momento de cepo cambiario y solventar compras mayoristas en el rubro librería en tiempos de inflación con excelente rentabilidad que permitían el cobro de altos intereses. En esa misma ocasión, también como parte del ardid y con la finalidad de aparentar un negocio jurídico serio y debidamente instrumentado, la esposa de A.G., la contadora R.M., suscribía los contratos entre las partes, que, además, eran garantizados con la suscripción de pagarés por ella misma a título personal.
Valiéndose del conocimiento que tiene en la ciudad, A.S. buscaba a las personas que podían contar con algún dinero en dólares por la venta de un activo o por ahorros y los incitaba a invertir en la firma, exhibiendo los resultados de otros ahorristas que habían hecho buenos negocios con A.G., vendiéndolo como un experto en finanzas y gran conocedor el rubro librería.
Lo que sucedió fue lo que pasa siempre en estos esquemas piramidales. Empezaron a faltar nuevos inversores y así la pirámide comenzó a agrietarse.
En los primeros meses de este año se cortó el pago de los intereses y, obviamente, no se devolvió, hasta la fecha, ningún capital.
Presionado por los reclamos de Ríos, A.G. comenzó a exponer diversas dificultades financieras ajenas a él.
»Pero es evidente que, desde el momento mismo de la captación, ya tenía decidido no devolver el dinero de los mutuos pues la intención no era hacer el negocio prometido como parte del ardid, sino cometer estafas», expuso Ríos.
Agregó que A.G. tenía la tranquilidad de saber que tanto él como su esposa y la firma (la librería involucrada) son insolventes. »De allí que le ha comunicado a los denunciados su insolvencia y la voluntad de presentarse en concurso para evitar el pago de las deudas, haciendo alarde de su cesación de pagos», comentó Ríos.
El abogado señaló que todos estos antecedentes se encuentran acreditados con los mensajes de WhatsApp que obran en poder de alguno de los denunciantes, los que fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
Ríos detalló en la denuncia que las detracciones patrimoniales con relación a los denunciantes asciende a la cantidad de 411.078 dólares estadounidenses y a 8.693.333 pesos.