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¿El chasis institucional soporta?

POR RODOLFO LEMOS

RODOLFO LEMOS

Esta columna podría llamarse también “materia no judiciable de facto”. Sabemos que una camioneta X, según su manual, tiene una capacidad de carga de 1.000 kilos, recién salida de la fábrica. Sin embargo, si esa camioneta tiene ya cierto desgaste en sus partes estructurales, podríamos decir que “en el manual” tiene capacidad de carga de 1.000 kilos, pero “en los hechos” (de facto) no te arriesgues a cargarla con más de 700 kilos.


Los abogados conocemos que existen temas o materias que no son judiciables. Esto significa que, si el Poder Ejecutivo decide, incluso con aprobación del Poder Legislativo, realizar una obra pública, una autopista de dos carriles de cada mano, nadie podrá acudir al Poder Judicial a reclamar que un juez decida que es más adecuado (por la cantidad de camiones que recorren esa vía) que la obra pública tenga tres carriles en cada mano en lugar de dos.
Las decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, dentro de sus atribuciones, decisiones tomadas de acuerdo con los procedimientos, en materia de oportunidad y conveniencia, y que muestran razonabilidad y proporcionalidad de los medios utilizados en relación a los fines buscados, no son revisables por el Poder Judicial. Si todas las decisiones fuesen revisables por los jueces, si todo fuese “judiciable”, no tendríamos tres poderes con frenos y contrapesos mutuos, sino un poder superior a los otros dos, que sería la última instancia en todos los temas. Sabemos que no es así.
De acuerdo al diseño institucional de toda república con división de poderes, no todos los temas son judiciables. Pero ahora, explicado lo anterior, quiero mostrarles que, a pesar de que algunos temas aparecen como judiciables de iure (porque así lo dice el Manual de la camioneta cero kilómetro, que es la Constitución Nacional), en verdad no son judiciables de facto. En los hechos.
El manual dice que puedo cargar 1.000 kilos de peso sobre el Poder Judicial, pero en la realidad, el chasis institucional (deteriorado, debilitado por diversas razones) soporta bastante menos kilos de peso.
Desde hace 5.000 años en que tenemos registros, los jueces penales siempre fueron empleados del rey. Y el rey está por encima de su código penal (las excepciones como la República Romana son muy llamativas, pero pocas y breves).
El rey estaba por encima de su código penal. Recién de modo intermitente en los últimos 250 años, y en unos pocos países de occidente, empezamos a “intentar” hacer funcionar un sistema en el que todos somos pares, obligados ante la ley penal, incluso el rey o gobernante. Es un bello pacto de ficción. Pero los sistemas de rendición de cuentas de la república son más bellos en la teoría que funcionales en la práctica. Y no es un problema sólo de la Argentina.
Esto significa que si mi análisis es correcto, el juicio a Cristina es una enorme imprudencia desde el objetivo de una razonable continuidad institucional. Ya lo intentamos antes: Argentina es el único país del mundo en el cual una república democrática con división de poderes enjuició las aberrantes violaciones a los derechos humanos en los Juicios a las Juntas (1984), sin una derrota internacional previa como en los juicios de Nuremberg de 1946 (juicios realizados por el vencedor, no por los mismos alemanes). Y el intento argentino no terminó bien: la Semana Santa de 1987 casi termina con nuestra audaz democracia, si Alfonsín no hubiese aceptado contemporizar con las famosas leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, seguidas después por el célebre indulto de Carlos Menem.
Los juicios posteriores a los represores (que tienen su mérito) fueron realizados cuando casi todo el aparato de poder militar ya se había desmontado y sólo quedaban grupos minúsculos que aún reivindican la aplicación de tormentos inhumanos o el robo de bebés con supresión de la identidad.
Mi opinión: El chasis institucional no soportó en 1987 y no va a soportar tampoco ahora. Ya lo dije en una columna de fecha cercana a la asunción de Macri en 2015: es muy difícil que pueda enjuiciarse penalmente a una ex Presidente que se retira del poder con una Plaza de Mayo repleta.
En la medida en que una parte considerable de la sociedad cuestiona la sinceridad del Poder Judicial en estas causas, y considera todo el asunto como una artera persecución política, la única solución que queda es someter la vigencia de los liderazgos al voto del soberano en las urnas, en el próximo turno electoral, y la mayoría irá eligiendo nuevos líderes. O no.
No es un sistema perfecto, pero es el menos malo que hemos inventado en 5.000 años en este planeta. Lo contrario es asumir un riesgo enorme de que todo el chasis institucional republicano se quiebre.
Admiro el coraje de Raúl Alfonsín de 1984. Admiro aún más que salvó la naciente democracia, contemporizando. La paz social es frágil y votar en elecciones libres con prensa libre y división de poderes, es un mecanismo bastante frágil. Ese delgado chasis institucional es el único dique que impide la barbarie total. ¿Debemos reforzar el chasis? Sí, pero lleva décadas. Prefiero 100 culpables libres a un solo inocente condenado. Y prefiero un rey que puntualmente quede impune, a poner en riesgo la frágil paz social y el chasis institucional que aún nos queda.
Y les recuerdo: la inicua ley del aborto de diciembre de 2020 debe ser derogada. Rodolfo Lemos Angulo

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