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Cerro Champaquí – La Justicia local investiga la circulación de vehículos y presunto caso de persecución de fauna silvestre

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La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Río Tercero, a cargo del fiscal Nicolás Torres, investiga un presunto caso de maltrato animal en un área protegida de Calamuchita, ubicada en las cercanías del Cerro Champaquí, uno de los lugares de la provincia más visitado por turistas de todo el país.
El fiscal investiga hechos ocurridos durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre pasado en la zona de refugios de montaña del Cerro Champaquí, comprendida en la Reserva Hídrica Provincial de Achala, en el departamento Calamuchita, que se encuentra dentro de la décima circunscripción judicial con sede en Río Tercero.

Las actuaciones se iniciaron a partir de una comunicación del Tribunal Administrativo Ambiental de la Provincia, luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de un grupo de personas que circulaba en bicicletas, motocicletas y camionetas persiguiendo a animales que pastaban en el área protegida.
Ahora el fiscal Torres intenta identificar quiénes estaban en ese lugar, determinar el grado de afectación que sufrió la fauna y las responsabilidades penales que le pueden corresponder a las personas que estaban en ese lugar.

El operativo se planificó en forma conjunta con el director de Jurisdicción Inspecciones de la Secretaría de Policía Ambiental, David Rojas, a partir de los puntos de interés identificados por el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que fueron georreferenciados en un mapa de trabajo común.


El viernes 6 de noviembre, el fiscal Nicolás Torres se presentó en ese lugar junto con una comisión integrada por el subcomisario Esteban Emiliano Delgado, el sargento primero Daniel López y el cabo primero Gustavo Tapia, del DUAR Calamuchita de la Policía de la Provincia de Córdoba; los inspectores Gerardo Bárcena, geólogo, y Joel Dipp, arquitecto, de la Secretaría de Policía Ambiental del Ministerio de Justicia y Trabajo; y la guardaparque Jésica García Molina, de la Subsecretaría de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Educación de la Provincia.
Desde el cerro Los Linderos, la comisión recorrió a pie más de diecisiete kilómetros por el sector de puestos y refugios de alta montaña.


Durante el operativo se relevó el estado actual del sector, se labró un acta de constatación y se realizó un registro fotográfico terrestre y aéreo, este último mediante un dron.
En el recorrido se observaron marcas de circulación vehicular y sectores con procesos de erosión, cuya eventual vinculación con los hechos investigados es objeto de análisis.
Resultó de especial valor la colaboración de los propietarios de refugios y prestadores turísticos de la zona, que acompañaron a la comisión y aportaron información sobre los accesos y la dinámica del lugar.
«Quienes viven y trabajan en la montaña conocen el territorio mejor que nadie, y su compromiso con el cuidado del entorno, del que también depende la actividad que desarrollan, es un aliado indispensable para la protección de estas áreas», expresaron desde la Justicia riotercerense.
En el análisis del caso interviene también la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno.
La investigación continúa con medidas tendientes a identificar a los participantes, a determinar la magnitud de la afectación y a analizar las eventuales responsabilidades penales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en sede administrativa.
«El Ministerio Público Fiscal reafirma su compromiso con la investigación de los hechos que afectan el ambiente. Las áreas naturales protegidas de la provincia resguardan ecosistemas sensibles, como los mallines y pastizales de altura que regulan el agua de las cuencas serranas, cuya recuperación puede demandar años», expresaron desde la Justicia.
«Las conductas que ponen en riesgo esos ambientes no constituyen un simple exceso recreativo: pueden acarrear consecuencias penales y administrativas, y serán investigadas con el mismo compromiso que cualquier otro delito. La experiencia de este operativo constituye, además, un primer paso para elaborar un protocolo de trabajo conjunto para este tipo de intervenciones en zonas de alta montaña», se agregó.
«La protección de estos espacios depende también de la educación y del respeto de quienes los visitan. Circular solo por los caminos habilitados, no perseguir ni molestar a los animales, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los guardaparques y de los pobladores del lugar son conductas sencillas que permiten que la montaña siga siendo disfrutada por todos», se recomendó.
Por tratarse de una causa en trámite, no se difunden datos personales ni imágenes de las personas involucradas, quienes gozan del estado jurídico de inocencia (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 39 de la Constitución de la Provincia de Córdoba).

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