APDH Río Tercero consideró «atroz e inconstitucional» la detención de un vecino de la ciudad por la PFA

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Río Tercero expresó en la tarde de este martes «su más enérgico repudio» a la detención de un vecino riotercerense de 42 años, ocurrido en la jornada de ayer lunes 10 de agosto de 2026, durante un operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA).

El hombre fue detenido con el argumento de haber amenazado a una senadora de la Nación, según el motivo que le dieron los efectivos que efectuaron el procedimiento. Esos integrantes de la FPA (aparentemente seis efectivos) lo tuvieron cautivo en su casa durante cuatro horas, entre las 14 y las 18 y luego lo trasladaron a Villa María, donde alrededor de las 22 lo liberaron.

A través un comunicado la APDH Regional Río Tercero consideró «desmedido y violento accionar de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Fiscalía de Delitos Institucionales. El procedimiento, ejecutado contra un ciudadano de nuestra ciudad bajo la acusación de presuntas amenazas presidenciales en redes sociales, constituye un flagrante atropello a los derechos fundamentales».

La institución agregó que denuncia públicamente «las graves irregularidades y la vulneración de las garantías constitucionales en este proceso» y las puntualizó:
«•Procedimiento fallido y desproporcionado: El allanamiento fue llevado a cabo por la policía federal, parte del personal se encontraba de civil. Según lo referido por las personas afectadas, no se habría mostrado orden de allanamiento durante el procedimiento. Una vez adentro se tomaron fotografías de la persona detenida con un cartel acusatorio, de manera degradante. Fue trasladado e incomunicado. Ante el resultado negativo del allanamiento, fue liberado en horas de la noche, en una localidad ubicada a 110 kilómetros de distancia, sin teléfono, en claro estado de vulnerabilidad. Durante todo ese tiempo no tuvo derecho a contactar a su abogada defensora. Tratándose de una supuesta publicación en redes respecto del gobierno nacional, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo cual su abogada no ha podido acceder a la información sobre la investigación, ni acerca del origen de estas actuaciones, colocando al Sr. en estado de indefensión».

«•Indefensión por secreto de sumario: El uso del secreto de sumario en este contexto vulnera el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso».
«•Violación de la libre expresión: Criminalizar opiniones o expresiones virtuales mediante la fuerza policial sienta un peligroso precedente de censura estatal».
La APDH sostuvo que «el Estado argentino se encuentra obligado, con rango constitucional y conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a garantizar la libertad personal, el principio de inocencia y la libertad de expresión, evitando restricciones que excedan lo estrictamente necesario para asegurar los fines del proceso. Necesitamos un Poder Judicial que actúe con celeridad, razonabilidad y apego irrestricto a los derechos humanos y a la Constitución Nacional; que proteja la vida, la integridad, la igualdad y la libertad de expresión como pilares esenciales de nuestro sistema democrático y republicano».
«Advertimos con profunda preocupación que estos errores de procedimiento reflejan el uso de las fuerzas de seguridad para amedrentar a la población y silenciar la disidencia social en nuestra comunidad. El Estado no puede violar la Constitución Nacional en nombre de la seguridad».
«Exigimos -dice al finalizar- el inmediato levantamiento de las medidas restrictivas y el pleno respeto por los derechos del ciudadano afectado. Garantías constitucionales hoy y siempre. No a la persecución estatal».