Tercero Arriba perdería un subsidio al gas natural por un proyecto que impulsa la Nación y subiría la tarifa
El departamento Tercero Arriba y otros 12 del sur provincial perderían un subsidio al gas natural a partir de un proyecto que impulsa el Gobierno nacional, con lo cual las tarifas de ese servicio pasarían a tener un importante incremento.
Los departamentos que dejarían de tener ese beneficio son los que se ubican desde la Capital provincial hacia el sur. También lo perderían otras grandes regiones del país.
En los departamentos de las distintas zonas del país que pierdan ese subsidio la tarifa de gas tendría subas de entre el 30 y 50 por ciento, sostiene el Gobierno nacional. Desde la Provincia indican que las subas llegarían hasta el 100 por ciento.
La Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles 20 de mayo un proyecto impulsado por el oficialismo, que busca actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables.
La iniciativa recibió dictamen de mayoría y apunta -sostiene el Gobierno- a ordenar el financiamiento del sistema energético, enfocando los recursos en las regiones tradicionalmente beneficiadas y corrigiendo distorsiones que surgieron tras la ampliación del régimen en 2021.
El nuevo texto redefine el universo de la Zona Fría para circunscribirlo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.
El proyecto establece que el beneficio quedará restringido a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye a hogares con ingresos netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
El subsidio alcanza también a aquellas familias donde al menos un miembro cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la Secretaría de Energía evaluará la necesidad de ayuda económica para el pago de servicios energéticos. Así se segmenta el acceso al subsidio tanto por criterios geográficos como socioeconómicos.
De esta manera, la reforma busca resolver las distorsiones generadas en 2021, cuando la extensión del régimen hizo que prácticamente la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas accedieran al beneficio, incluyendo a personas con alto poder adquisitivo. Esta situación llevó a una revisión del esquema de financiación para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
En aquel entonces, y a través de la reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.
Durante el plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti expuso: “Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”.
También añadió: “El subsidio de zona fría subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo. Esa es la primera injusticia que nosotros vemos en eso. Y, además, ¿cómo se financia? Se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país, o sea, gente de altos ingresos, gente de medianos ingresos y gente de bajos ingresos que incluso no están en la zona fría”. Y determinó que el Estado Nacional «está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país».
Por último, la Secretaría de Energía detalló: “La gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía sobre los metros cúbicos de gas que consumen, porque consumen entre 4 y 7 veces más que el resto del país, eso es una realidad. Pero en el resto del país lo que estamos haciendo es focalizando lo que se recauda en el fondo con esta alícuota del 7,5% a exclusivamente los usuarios que los necesitan”.
El tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados podría definir el futuro de la política de subsidios energéticos en las zonas de bajas temperaturas, con impacto en miles de hogares de Argentina que dependen de estos beneficios para afrontar el costo de los servicios durante el invierno.
QUÉ DIJO LA PROVINCIA
El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes una reunión con intendentes y jefes comunales de los 13 departamentos cordobeses alcanzados por el régimen de Zona Fría, en el marco de la creciente preocupación por el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que propone modificar el esquema de subsidios al gas natural.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico y reunió a representantes de distintos espacios políticos y gobiernos locales, quienes coincidieron en advertir sobre el fuerte impacto económico y social que tendría la eventual eliminación o modificación del beneficio para Córdoba.
Durante la reunión, la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas aprobó una resolución conjunta en rechazo al proyecto enviado al Congreso Nacional, al considerar que su aprobación implicaría “un grave perjuicio económico y social” para miles de hogares cordobeses.
El documento señala que la iniciativa nacional podría provocar incrementos de entre el 42 y el 100 por ciento en las facturas de gas para los usuarios actualmente alcanzados por el régimen.
Llaryora valoró como un acto de madurez que intendentes y presidentes comunales de provenientes de distintas expresiones partidarias fijen una postura común ante el proyecto legislativo, que tiene consecuencias económicas y sociales preocupantes.
“Córdoba muestra que se puede llegar a acuerdos más allá de las ideologías. Acá no promocionamos la grieta, hoy demostramos que podemos tener puntos de conexión más allá de los partidos políticos”, afirmó.
Actualmente, unas 688 mil familias reciben el beneficio de Zona Fría. De ese total, aproximadamente 280 mil hogares acceden a una bonificación del 30 por ciento en la tarifa, mientras que otros 408 mil reciben descuentos del 50 por ciento por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El gobernador reiteró su postura respecto de la necesidad de rechazar el proyecto y pidió a los representantes cordobeses en el Congreso de la Nación que defiendan los intereses de la provincia.
“Qué legislador cordobés puede votar algo que perjudique a dos millones de habitantes. Dicen que Córdoba no es zona fría; los invito a que vengan a las Altas Cumbres o a San Agustín con temperaturas de 6 grados bajo cero a ver si no hace frío. Fue una pelea de años lograr la incorporación en este régimen. Nos sacaron el transporte y la energía, y ahora pretenden eliminarnos este beneficio de un plumazo”, argumentó.
“Muchas veces -continuó- me han criticado por acompañar ciertos temas y rechazar otros; eso es estar fuera de la grieta. Asumimos el costo político de apoyar lo que está bien y rechazar lo que está mal por el bien de los cordobeses. Es fácil ser un opositor o un oficialista ciego, pero no es responsable”.
Según se expuso durante el encuentro, el 87 por ciento de los usuarios residenciales de gas por red en Córdoba accede hoy a algún tipo de subsidio asociado al régimen de Zona Fría, alcanzando a más de 2,2 millones de cordobeses.
La resolución también advierte que la eliminación del criterio territorial vigente profundizaría desigualdades regionales y podría agravar situaciones de pobreza energética, afectando especialmente a jubilados, familias trabajadoras y sectores vulnerables durante los meses de mayor consumo invernal.
El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, dijo que para elaborar el documento “escuchamos a los más de 230 intendentes de los departamentos del sur provincial”, y agregó que “de sancionarse esta ley perderían un beneficio vital”.
Calvo subrayó la gravedad de la situación para las economías de los hogares: “Si hacemos un recuento de lo ocurrido con el aumento de tarifas, una familia que el año pasado pagaba una determinada tarifa pasaría a pagar ahora más del doble”.
Los representantes provinciales y municipales reclamaron que cualquier modificación del régimen sea debatida en una instancia federal, con participación de provincias, municipios, organismos técnicos y usuarios.
Asimismo, solicitaron a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen el proyecto en su formulación actual.