Qué dijo la Justicia sobre el comportamiento de Cristina en sus primeros tres meses de prisión

El primer informe sobre el comportamiento de Cristina Kirchner durante su arresto domiciliario en su casa de San José 1111, en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, ingresó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

Esto fue a tres meses de un fallo histórico, cuando el 11 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia confirmó para la expresidenta la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos en el contexto de la causa Vialidad.
La conducta de Cristina bajo detención se realizará cada tres meses y en función del resultado la Justicia decidirá las reglas que deberá cumplir.

El primer informe “fue positivo”, confirmaron fuentes judiciales a Clarín, en consecuencia el juez Jorge Gorini, responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad, prorrogó por tres meses más las reglas de conducta impuestas para que la ex Presidenta siga en San José 1111.
Cristina Kirchner pasó de manera favorable el primer informe respecto a las reglas que rigen por orden del TOF 2 al momento de concederle el beneficio de la morigeración de la pena.

A la fecha, según indicaron fuentes judiciales a Clarín, no se ha verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas por el Tribunal que ejecuta la condena por corrupción en el caso Vialidad.
El beneficio se concedió bajo estrictas reglas de conducta. Se resolvió -en consecuencia-, que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal debía llevar adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de la ex Presidenta.

Eso viene de la mano de la presentación de un informe trimestral ante el Tribunal, respecto a los resultados de la supervisión «período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas, con los alcances establecidos en la ley».
Fue justamente, lo que ingresó recientemente al Tribunal. El documento consigna que Cristina Kirchner cumplió con las reglas impuestas. Se había determinado que esas condiciones se debían «observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión”.
“El informe tuvo un resultado positivo y el comportamiento fue acorde a lo exigido”, explicaron a Clarín. Por ese motivo, el juez Jorge Gorini prorrogó por tres meses más las reglas de conducta impuestas al otorgar la prisión domiciliaria.
Además, no hubo cuestionamientos por las visitas que recibe en su departamento. En principio, para que ingresen, debe avisar al Tribunal que los autoriza.
LAS REGLAS
En primer término la ex presidenta debe permanecer en el domicilio fijado. «Es una obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente».
Además, tiene que «abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes». Ese punto, apenas ingresó a San José 1111 levantó polémica. Los vecinos se quejaban de los acampes y marchas frente a su departamento.
La Justicia también impuso condiciones para las visitas. El listado “no es amplio ni libre y está restringido a que ingresen sin autorización la familia, abogados y médicos que la defensa de la ex presidenta le entregó a la Justicia.
Por fuera de lo que impone la resolución, explicaron fuentes judiciales, Cristina Kirchner debe pedir autorización a la justicia.
No hubo advertencias ni quejas por la cantidad de visitas que recibe. En el último tiempo estuvieron los candidatos porteños de Fuerza Patria Mariano Recalde e Itaí Hagman; el candidato bonaerense Jorge Taiana y también la visitaron el expresidente de Colombia Ernesto Samper y el presidente de Brasil Lula Da Silva.
En su momento, la expresidenta había escrito en sus redes sociales que era una persona con “vida social” y que eso no podía quedar cercenado a la autorización del Tribunal.
En Comodoro Py prima otro concepto: que no se desnaturalice la prisión domiciliaria, que se ordenó en cumplimiento de una condena por corrupción.