Profesionales de prestaciones a la discapacidad protestan por bajos aranceles y demoras en pagos

La atención a la discapacidad en la Argentina se encuentra en crisis. En ese marco, este jueves 29 de mayo de 2025 habrá una concentración y marcha en la Plaza San Martín de Río Tercero, a las 18, en la que participarán profesionales que brindan atención a personas con discapacidad y padres y familias de personas con discapacidad, por la crisis que atraviesa este ámbito.

La comunidad de la discapacidad en la Argentina está alzando su voz en un paro nacional y movilizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus trabajadores y trabajadoras.

Por un lado, los profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad reclaman porque sus aranceles no son actualizados desde diciembre pasado y además por el atraso con el que le liquidan sus honorarios la gran mayoría de las obras sociales.

La licenciada Fernanda Pascutti, del centro terapéutico CAI de Río Tercero, contó que los aranceles se ajustaron por última vez un 1% en diciembre y que durante 2004 fueron ajustados en solo un 2,4%.

Por otro lado, esta situación la están sufriendo las personas con discapacidad y sus familias, ya que ven recortada su atención porque los profesionales ya no pueden atender bajo estas condiciones.

«Esto puede provocar que haya una migración de profesionales, a los que están precarizando», advirtió Fernanda Pascutti.
El epicentro de la protesta nacional fue la puerta del Congreso de la Nación, donde se congregaron desde las 11 de la mañana para presionar por el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya posible discusión en la Cámara de Diputados se perfila para el 4 de junio.

En Córdoba, la convocatoria fue en el centro de la ciudad, en la Plaza San Martín.
La medida de fuerza, enmarcada en una semana de lucha que ya comenzó en varias provincias, es una respuesta directa a lo que los organizadores califican como “crueldades más aberrantes” del gobierno de Javier Milei.

Los reclamos apuntan al recorte de pensiones que afecta a miles de personas vulnerables, dejándolas sin obra social y, por ende, sin prestaciones médicas esenciales. A esto se suma la extrema precarización laboral que sufren quienes brindan servicios en el ámbito de la discapacidad.
Córdoba no es ajena a esta situación, ya que tampoco Apross está al día con el pago a los prestadores, con algunos retrasos.
Una situación límite para prestadores y familias
Prestadores de servicios, transportistas, centros de día y hogares de todo el país denuncian una situación insostenible. El principal reclamo es la actualización de los montos de sus prestaciones, que no se modifican desde 2024, a pesar de la inflación galopante.
Además del retraso en la actualización del nomenclador nacional, los prestadores sufren demoras en los pagos de entre 60 y 120 días, lo que se traduce en una significativa pérdida del poder adquisitivo.
La incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones para 2025 también genera una gran preocupación, con la exigencia a las obras sociales de garantizar las coberturas planificadas para evitar que miles de personas con discapacidad queden sin atención.
La situación es aún más dramática en hogares y centros de día, donde la falta de actualización de aranceles impide cubrir sueldos y adquirir insumos básicos para las actividades diarias y la alimentación de las personas que asisten.
La Ley de Emergencia, una luz de esperanza
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsado por el diputado nacional Daniel Arroyo, se debatirá en la Cámara de Diputados.
Su objetivo es declarar la Emergencia Nacional ante el recorte de más de 200 mil pensiones no contributivas y el desfinanciamiento sostenido del sector.
La iniciativa busca establecer un presupuesto que permita actualizar las retribuciones para prestadores (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y dignificar la remuneración de los trabajadores con discapacidad empleados en talleres protegidos, quienes actualmente cobran 28.000 pesos mensuales, un monto inalterado desde febrero de 2023.
Además, el proyecto exige mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, un punto crítico considerando que en los últimos 14 meses solo se otorgaron 586 de las 500 mil solicitudes presentadas.
Las familias de niños con discapacidad son las más afectadas por esta crisis, viendo cómo sus hijos quedan “a la deriva”, sin terapias, acompañamiento ni respuestas.
En caso de obtener media sanción, el proyecto avanzará hacia el Senado, con la esperanza de que brinde un respiro a un sector que se encuentra en una situación de crisis.