El legislador Juan Pablo Peirone pide la creación de fiscalías antinarcotráfico y múltiple en los Tribunales de Río Tercero por el aumento de delitos

El legislador por Tercero Arriba, Juan Pablo Peirone, presentó un proyecto de resolución ante la Legislatura de Córdoba solicitando al Poder Ejecutivo provincial la creación de una Fiscalía de Instrucción de Lucha Contra el Narcotráfico en los Tribunales de Río Tercero dada la cantidad de causas relacionadas con este delito que se están atendiendo en la sede judicial local.
Río Tercero cuenta con una Fiscalía Antinarcotráfico móvil, compartida con los Tribunales de Río Cuarto.

«Río Cuarto tiene casi cuatro veces más habitantes que Río Tercero y la Fiscalía Antinarcotráfico debe atender muchas más causas que se generan en esa ciudad que en Río Tercero», comentó respecto a la necesidad de que la 10° Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad tenga una fiscalía propia dedicada a causas relacionadas a las drogas.

También instó al Poder Ejecutivo provincial que una de las dos Fiscalías de Instrucción Múltiple destinadas a la ciudad de Río Cuarto, sean redistribuidas y que una tenga como destino la sede judicial de Río Tercero.

«Casi a diario la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realiza diversos procedimientos en nuestra ciudad y localidades aledañas que hacen necesario la creación de la misma (Fiscalía Antinarcotráfico) para llevar adelante esos casos con la mayor celeridad y eficacia posible», dice el proyecto del legislador Peirone, del Frente Cívico.

Sostiene que las investigaciones requieren la presencia en forma efectiva de un fiscal antinarcotráfico en la sede judicial local «para diagramar las estrategias de investigación, hacer el seguimiento de las medidas ordenadas, la evaluación de sus resultados y el dictado en forma coetánea de las directivas que sean necesarias para un adecuado servicio de justicia».

«Por otro lado, sería más equitativo crear en Río Tercero una fiscalía de instrucción múltiple fija, que las dos que proponen crear en Río Cuarto», planteó.
Peirone argumentó también que la sede judicial de Río Tercero cubre las demandas judiciales de dos departamentos, Tercero Arriba casi en su totalidad, excepto Oliva y Pampayasta, y Calamuchita entero. Eso es para unas 180.000 personas, aproximadamente las mismas que tiene Río Cuarto.
Además, sostiene que «al ser zonas turísticas, en época estival, se incrementa de manera exponencial la población y por ende de los índices de criminalidad».
«Estamos convencidos de que estas dos fiscalías que le solicitamos servirán para muchos procedimientos más y podrán combatir al crimen organizado ya que el narcotráfico a menudo está vinculado a otras formas de crimen organizado, como el lavado de dinero, la corrupción enquistada en todos los poderes del Estado, como lo fue hace unos días con los cuatro empleados municipales en la ciudad de Río Tercero detenidos en un operativo llevado a cabo por la FPA», señaló Peirone.
«También Instamos al Ejecutivo a tener en cuenta que de las dos fiscalías ordinarias que se proponen para Río Cuarto, una de ellas sea para la Circunscripción Judicial (la 10ª) con asiento en Río Tercero. Eso, sobre la base de las estadísticas que evidencian un aumento del mapa del delito y la necesidad de brindar un mejor servicio de justicia. Incluso, cabe señalar que ello es un reclamo insistente del Colegio de Abogados local que en reiteradas ocasiones ha destacado la necesidad de crear una nueva Fiscalía de Instrucción Múltiple», dijo Peirone.